Según la Constitución, los sindicatos son una institución fundamental en la construcción del Estado social y democrático de derecho. La Constitución garantiza la participación de las organizaciones sindicales en organismos públicos. Este derecho se obtiene a través de los resultados que cada sindicato alcanza en las elecciones sindicales, celebradas cada cuatro años con una participación superior a otras elecciones.
Los sindicatos llevan a cabo una labor de negociación colectiva para desarrollar y adecuar las leyes a la realidad de los distintos sectores y empresas. CC OO participa anualmente en la negociación y firma de casi 4.000 convenios colectivos, que regulan las condiciones de trabajo de más de 11 millones de personas (afiliadas al sindicato o no). Por este trabajo, el Estado destina una financiación de 15,7 millones de euros a repartir entre todos los sindicatos en función de su representatividad obtenida en las elecciones sindicales.
Comparaciones (odiosas): la patronal CEOE, que no celebra elecciones que avalen su representatividad: 9,6 millones; los partidos políticos: 84,41 millones; la Casa Real, que tampoco celebra elecciones que avalen su representatividad: 8,89 millones; o la Iglesia católica, que entre otros derechos humanos, vulnera el de igualdad entre hombres y mujeres: 252 millones.
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